¿Para cuándo una emisión de Bonos Verdes Soberanos del Reino de España?

Tesoro Público

Publicado en INVERTIA

Juan Carlos Villanueva

España, como la mayoría de los países europeos, ha rubricado los principales acuerdos y protocolos multilaterales para luchar contra el cambio climático y reducir la emisión de gases contaminantes, y ha asumido determinados compromisos como consecuencia de ello. Pero, ¿podrá cumplirlos?

Es cierto que el gobierno actual tiene entre sus principales novedades la presencia como ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien acompaña una vitola de prestigio y preparación profesional en el terreno de la economía verde y sostenible que permite augurar un decidido impulso a la financiación y la economía verde y sostenible en nuestro país y que se han tomado ya algunas medidas de cierta relevancia como la eliminación del impuesto del 7% a la generación de electricidad y la supresión del llamado ‘impuesto al sol’, mediante un decreto ley. Se trataba de un impuesto que gravaba en España el autoconsumo mediante energías renovables.

Habrá que ver, sin embargo, los efectos reales de esas medidas de carácter fiscal, que como la mayoría de las exenciones fiscales y tributarias está puestas en tela de juicio por numerosos fiscalistas que creen que lejos de incentivar la actividad general en el terreno objeto de ese alivio fiscal, pueden beneficiar única o, al menos, principalmente a determinadas grandes empresas consumidores de energía o a los ciudadanos con más capacidad adquisitiva y llegar a considerarse como subsidios o ayudas públicas, especialmente en la Unión Europea, que atentan contras las normas de competencia.

CATALUÑA Y LA INESTABILIDAD AHOGAN EL DEBATE

En todo caso, la prevalencia de otras cuestiones como el conflicto catalán o la falta de estabilidad política y el posible adelanto de elecciones están haciendo que esta cuestión, como otras de vital importancia para el futuro del país, queden ahogadas y fuera de la actividad parlamentaria y política.

Por ello, convendría tomar ejemplo de Reino Unido, donde las discusiones sobre el Brexit no han logrado acallar el debate sobre los compromisos del Gobierno británico en materia de cambio climático y cumplimiento de los acuerdos de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Por el contrario, un grupo de parlamentarios de diversos partidos ha lanzado un mensaje de alerta sobre la incapacidad de la estrategia del gobierno de ese país, diseñada el año pasado, a la hora de cumplir los compromisos que tiene asumidos en materia de emisión de gases contaminantes y lucha contra el cambio climático. Todo ello, a pesar de que Gran Bretaña sea uno de los países más sensibilizados con la necesaria des carbonización de la economía.

Pensemos en el Gobierno de España ¿Resistiría su estrategia en esta materia un análisis riguroso en caso de producirse? Difícilmente. Quizá las cosas podrían cambiar con el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que prepara el departamento de Teresa Ribera, del que se han conocido ya algunas de sus propuestas. Eso sí, no le será fácil superar las numerosas dificultades en su tramitación, no sólo por parte de la oposición parlamentaria, sino por agentes sociales que vean comprometidos sus intereses, como los lobbies sectoriales, pero también los sindicatos que, como UGT, han advertido de la pérdida de empleos que puede traer consigo esta ley, acusando al gobierno de actuar sin evaluar “previamente el impacto de esas medidas y sin adoptar otras que puedan paliar los efectos de las primeras”.

TAMBIÉN SE NECESITAN MEDIDAS FINANCIERAS

Existe, sin embargo, otro ámbito, el financiero, en el que caben avances importantes para enriquecer el caldo de cultivo en el que puedan desarrollarse y financiarse un mayor número de proyectos e iniciativas verdes o sostenibles. Cabría, por ejemplo, avanzar en algún tipo de clasificación de actividades y proyectos sostenibles, sin esperar a que la Unión Europea establezca unos principios generales en este ámbito, aunque en 2019 pueda haber avances significativos en este terreno.

“Francia, Polonia o Bélgica ya lo han hecho; España tiene una gran oportunidad ante sí con los bonos verdes”

No es necesario esperar más tiempo para que a esta clasificación le acompañen ciertos beneficios o incentivos, ya sea por vía directa o con el establecimiento de un marco más favorable y atractivo de cara a la emisión de bonos verdes y de los instrumentos financieros que primen los proyectos destinados a la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, tratamiento de aguas o, incluso, otros de carácter social o de servicios públicos.

UN MENSAJE INMEDIATO

Por último, el nuevo gobierno español tiene ante si también la posibilidad de emitir bonos soberanos verdes en el contexto de la deuda pública, destinados a financiar y ayudar desde instancias públicas a los proyectos en este campo, como ya han hecho distintos países, algunos de ellos europeos como Francia, Polonia o Bélgica.

Posiblemente, la razón principal por la que el Tesoro no se ha planteado la emisión de bonos verdes soberanos es la facilidad con la que se viene financiando en un entorno de tipos bajos, que le ha permitido realizar emisiones de deuda pública incluso con tipos negativos. Frente a ello, la emisión de un soberano verde supondría mayores esfuerzos en la generación, tramitación y colocación del bono, y quizá tener que emitir con un tipo de interés y coste más alto, cuando reducir el coste ha sido uno de los objetivos principales de unas cuentas publicas demasiado lastradas por la deuda.

Sin embargo, si el Tesoro decidiera realizar una emisión de este tipo se lograría enviar un mensaje acerca del compromiso del Gobierno en este terreno, que tendría un efecto propagandístico inmediato en el sector financiero, los mercados de capitales e, incluso, la opinión pública en general.

Cabe la esperanza, por ello, que este deseado bono verde soberano del Tesoro Público pueda llegar antes de lo que algunos prevén en la medida que avancen las incertidumbres y se endurezcan las condiciones del mercado, con tipos más altos, menor liquidez y mayores dificultades para la colocación de la deuda pública. En este contexto, un bono verde soberano podría abrir al Tesoro el acceso a nuevos inversores institucionales, entre quienes sea más fácil colocar un bono sostenible que un bono convencional.

* Juan Carlos Villanueva es Editor de Guía de la Financiación Empresarial